Orientacion para el Docente – El sistema de transito: una construccion social


El sistema de tránsito: una construcción social

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El sistema de transito: una construccion social


En los últimos años, la sociedad argentina ha comenzado a reconocer e interesarse por la temática del tránsito –especialmente en lo que se refiere a las colisiones–, a partir de la creciente difusión del tema en los medios de comunicación, y esto se ha traducido en preocupación y demanda social hacia las autoridades.

En el plano individual coexisten la expectativa y la demanda al Estado de acciones que producirían la disminución de las colisiones, choques y atropellamientos (mejoramiento de los caminos, de la señalización, mayores controles y sanciones a los infractores) y la creencia de que en el plano personal no es necesario ningún cambio, pues de producirse la participación en un “accidente” este sería producto de una circunstancia fatal e inevitable, o responsabilidad de un tercero.

Hay otro aspecto relevante que está presente en la deliberación pública: la normativa de tránsito. La regulación legal se vincula habitualmente con conflictos reales o posibles y, en el caso del tránsito, la normativa surge para mediar entre los intereses de los particulares, o entre estos y el Estado; es decir, para dirimir el uso del espacio público. Esto es necesario porque la población circula en forma continua.

La gente transita por diferentes motivos y dedica una parte importante de su tiempo a esos traslados. La circulación no es igual en todas las ciudades ni en todos los barrios ni a toda hora. Los vecinos transitan por su localidad, de una ciudad a otra, o entre su localidad y zonas suburbanas o rurales.

El tránsito es un problema complejo que, a partir de análisis históricos y geográficos, suscita reflexiones jurídicas y éticas. El campo jurídico reúne toda la legislación y jurisprudencia emanada de diferentes niveles del Estado para el tránsito y el transporte. La reflexión ética, en tanto, recoge los problemas vinculados con las consecuencias previsibles de las acciones de los transeúntes y las responsabilidades emergentes del ejercicio del derecho de tránsito en el seno de una sociedad.

La movilidad es una necesidad y un derecho de todos los ciudadanos, y contar con medios de transporte adecuados es parte de la calidad de vida, cualquiera sea el entorno donde habite cada uno. El habitante de las zonas rurales tiene modalidades y necesidades de circulación diferentes de quienes radican en localidades medianas o grandes urbes, pero sus derechos son iguales y merecen la misma atención.

Posibilitar y garantizar un tránsito de calidad en condiciones de equidad es responsabilidad del Estado, que tiene el deber de regular el ejercicio de estos derechos, pues tal es el origen y el sentido de las normas jurídicas sobre circulación, tránsito y transporte.

La acción del Estado debe tender a que cada ciudadano transite por la vía pública con el mínimo riesgo posible. Como todo derecho, su regulación demarca responsabilidades: el derecho de cada ciudadano a transitar implica el deber del Estado de permitir, posibilitar y garantizar el pleno ejercicio de ese derecho y, a su vez, la responsabilidad de cada ciudadano es ejercer el derecho propio respetando el de los demás (Siede, Isabelino, Tránsito y circulación, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, 2001).

En el tránsito se encuentra presente una cuestión ética que involucra las acciones de los distintos sectores: por más que la legislación se actualice, no se logran modificaciones inmediatas en las costumbres y mucho menos en las mentalidades.

Gestar la responsabilidad cívica y moral de los transeúntes es parte de un desafío más amplio: el de que se comprenda que ser ciudadano significa tomar conciencia de los conflictos o problemas que surgen en la realidad más próxima, en nuestro entorno mediato e inmediato, y ser más sensibles para tratar de aportar y contribuir a su mejora.
Acciones recientes

A raíz de la gran cantidad de accidentes de tránsito ocurridos durantes los primeros meses del año 2007, tanto el Estado como el sector no gubernamental están realizando una serie de acciones en materia de prevención y seguridad para paliar la problemática, con planes y proyectos que intentan mejorar el tránsito y minimizar los siniestros viales y sus consecuencias humanas y materiales.

Por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó el Plan Estratégico de Seguridad Vial, una campaña que busca concientizar a los vecinos de la ciudad sobre las normas y conductas relacionadas con el tránsito y la seguridad vial. Las acciones principales de ese plan comprenden varios lineamientos, como concientización, infraestructura vial y aspectos técnicos, habilitación de conductores, mecanismos de control, actualización normativa y mecanismos de sanción, entre otros.

Por su parte, la provincia de Buenos Aires anunció, en el mes de enero, un decreto de emergencia vial orientado a la prevención de la alcoholemia y la velocidad.

El sector no gubernamental también se ha involucrado en este problema, y así es como un grupo de ONG desarrolló un bajo el lema “Porque la vida vale”, que sería elevado al Congreso de la Nación. El objetivo de esta acción es crear una política nacional para evitar más lesiones, muertes y daños materiales en accidentes viales.

Lo que se pretende con el Plan Integral de Seguridad Vial es una ley en la que se declare la Emergencia Vial en todo el territorio nacional, conjuntamente con la creación de una autoridad nacional de Seguridad Vial que dependa directamente del presidente de la Nación, así como la instrumentación de un Plan Nacional de Educación Vial y de un Programa Nacional de Información y Difusión sobre la prevención de siniestros viales.

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